Todos somos personas, pero es una profunda desgracia que todos no podamos desarrollarnos como debemos para ser seres humanos. La única diferencia entre la persona y el ser humano es esa, el desarrollo, en la medida que cada uno elija. Sin embargo, para que tenga lugar el derecho al desarrollo hay que tener las condiciones básicas de subsistencia cubiertas y los Estados deberían ser los responsables de garantizarlas eficazmente, a esto último es a lo que no hay derecho.

A día de hoy, el derecho al desarrollo está considerado como un derecho humano de tercera generación, estos derechos no se protegen lo suficiente en las constituciones y su justificación se basa en que son derechos difusos debido a que la titularidad de los mismos no es individual, sino colectiva. Sin embargo, el derecho al desarrollo aunque tenga una acepción de carácter colectiva, también tiene una de carácter individual y así está establecido en el artículo 22 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos:
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”
El problema está en que los Estados no han recogido bien esta acepción en sus constituciones porque entre otras cosas ni siquiera el artículo especifica que tiene una vertiente de carácter individual, pudiendo interpretarse que sólo se está hablando del derecho al desarrollo en sentido colectivo. Esto se puede cambiar fácilmente aunque su implantación sea muy complicada, podría considerarla algo utópica, pero nunca imposible. Sobre todo si somos conscientes de lo que conseguiríamos. 

Para cambiarlo ni siquiera tendríamos que tocar una coma del articulado de las declaraciones o constituciones, tan sólo tendríamos que desarrollar en otros textos una acepción del derecho a la vida que a día de hoy no existe. Aunque parezca paradójico, el derecho a la vida no significa que tengas derecho un individual a tener las condiciones básicas de subsistencia cubiertas y lo más importante, que de no ser capaz de hacerlo por ti mismo, los Estados deban encargarse de ello, para garantizar lo que sería un derecho a la vida lógico y que podría incluso demandarse ante los tribunales. 

Sin embargo, el derecho a la vida a día de hoy, más que un derecho es una prohibición, su significado es que tienes derecho a que no te maten por ello es un derecho bastante extraño, porque es el único derecho humano individual que no puede alegarse en los tribunales. Si te matan no puedes demandar que han violado tu derecho a la vida porque ya estarás muerto. Podrá indemnizarse a la familia de la víctima o castigar a su homicida, pero jamás podrá restituírsele a la víctima el derecho violado, restitución que sí puede hacerse en los demás derechos individuales y restitución que en caso de añadir la acepción por la que abogo, también podría llevarse a cabo. Consiguiendo así que en varios sentidos el derecho a la vida tenga más sentido. 

En resumen y para que se den cuenta de la incongruencia, hemos avanzado tanto en lo que se refiere a derechos humanos que el Estado garantiza derechos como el derecho a la salud universal del que tan orgullosos estamos los españoles. Eso significa que el Estado intentará mantenernos con vida si nos estamos muriendo, sin embargo, “Papá Estado” no nos garantiza unas condiciones mínimas de subsistencia si no somos capaces de conseguirlas por nuestros propios medios. Es decir, que se da el sin sentido de que Papá nos cura, pero no nos alimenta para estar sanos. 

Estas incoherencias continúan con el resto de derechos humanos de carácter individual, los cuáles el Estado garantiza o al menos intenta garantizar haciéndose responsable de su correcta aplicación. Sin embargo, no se hace responsable de que los ciudadanos que no puedan ejercerlos porque apenas puedan subsistir tengan sus necesidades fisiológicas básicas cubiertas. 

Y si rizamos el rizo la paradoja llega hasta límites insospechados como que el mismo homicida al que antes me refería sí tendrá dichas necesidades cubiertas en el caso de que “Papá Estado” consiga encerrarlo en prisión. Porque las cárceles son instituciones públicas de las que se responsabiliza el Estado para garantizar que los delincuentes tengan unas condiciones de vida digna e incluso les dan herramientas para que puedan desarrollarse en la medida que elijan permitiéndoles aprender un oficio, estudiar y hacer ejercicio a coste cero. A diferencia de los ciudadanos sin recursos e incapaces de subsistir por sí mismos que sólo pueden acudir a la caridad que existe en el ámbito privado, no existen instituciones públicas que garanticen dichas necesidades o que lo hagan en el mismo edificio y durante un tiempo continuado, lo más que hay es algún comedor o albergue público que sólo garantizan una de las necesidades a las que me refiero y sin continuidad.
Esto es una hipocresía en grado sumo: ¿qué libertad tiene una persona que no tiene un techo bajo el que resguardarse ni un trozo de pan que llevarse a la boca? La “libertad” de elegir si morirse de frío o de hambre pero eso sí, con la total libertad de circulación en el territorio nacional que le proporciona la constitución. Pues a mí me parece mucho más libre el homicida que aunque no pueda circular por el territorio tendrá libertad mental ya que estará bien alimentado y resguardado. ¿Qué quieren que les diga? yo en caso de estar en tales circunstancias y sin otra vía a la que acudir, robaría para comer y si me pillasen me quedaría sin poder deambular pero al menos estaría seguro de que no tendría que luchar cada día por seguir vivo, ya que “Papá” por fin me lo garantizaría, viviría entre delincuentes pero al menos viviría.

Además, el Estado para justificar cómo se lava las manos en este ámbito da pensiones a sus ciudadanos desconociendo en qué emplean el dinero de dicha pensión y subvenciones a las asociaciones de caridad. En lugar de ello, debería responsabilizarse para garantizar la vida, sin que esto sea tan complicado aún en una situación de crisis como la actual. Por ejemplo, podría empezar por institucionalizar algunos de los edificios que posee el Sareb, también conocido como el banco malo, dotarlos de funcionarios y convertirlos en centros de reinserción social. A ellos los usuarios irían voluntariamente comprometiéndose a cumplir las normas del centro para que en caso de no hacerlo y tras las oportunas advertencias sean expulsados. Y si no hay dinero se puede recortar con más criterio quitando por ejemplo aeropuertos o trenes que funcionan pero nadie usa, entre otras muchas cosas. 
Estos centros empezarían transformando a las personas que llegasen en seres humanos y en el momento en que tuviesen la “mens sana in corpore” sano les proporcionarían las herramientas para que se desarrollaran como seres humanos en la medida que eligiesen. Para así poder ir insertándolos poco a poco en el mercado laboral cada uno con el tiempo y los requisitos específicos que necesitase haciéndoles un plan de seguimiento individualizado durante su estancia en el centro. Incluso el Estado podría pedir el dinero invertido a cada usuario a muchos plazos y pocos intereses en caso de que éste consiguiera reinsertarse satisfactoriamente en la sociedad.

En definitiva, podríamos comenzar con unos pocos centros reinsertando a ciudadanos y acabar con unos pocos más reinsertando a refugiados. Consiguiendo así no sólo garantizar de forma efectiva el derecho a la vida y al desarrollo individual, sino que además aumentaría muchísimo la clase media que realmente es la que sostiene a los Estados, consiguiendo así a la vez garantizar de forma efectiva el derecho al desarrollo colectivo.